Por qué las empresas del sector público necesitan un Canal de Denuncias
La entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ha supuesto un cambio estructural en materia de integridad institucional en España. Esta ley no solo afecta a empresas privadas con más de 50 trabajadores, sino también, y de manera directa, a organismos, entidades y administraciones del sector público.
Con la constitución formal de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI) en 2025 y el nombramiento de su Presidente, Manuel Villoria, el cumplimiento deja de ser una expectativa futura para convertirse en una obligación efectiva y supervisada.
¿Quiénes están obligados en el sector público?
La Ley 2/2023 establece la obligación de implantar canales internos de información para las siguientes entidades públicas:
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales
Organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de las AAPP
Universidades públicas
Corporaciones de Derecho Público (como colegios profesionales)
Fundaciones y consorcios del sector público
Sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por AAPP
Autoridades administrativas independientes y organismos reguladores
¿Por qué es importante un canal de denuncias en el sector público?
La implantación de un canal de denuncias eficaz no es una mera exigencia legal, es una herramienta estratégica para:
✅ Prevenir el fraude, la corrupción y las malas prácticas dentro de la administración
✅ Proteger a los informantes (trabajadores, contratistas, ciudadanos…) frente a represalias
✅ Mejorar la transparencia institucional y el control interno
✅ Reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas
✅ Evitar sanciones que puedan afectar la reputación de la entidad y de sus gestores
Requisitos clave que debe cumplir el canal de denuncias de una empresa pública
La Ley 2/2023 establece una serie de requisitos mínimos que el canal debe cumplir para ser legal y eficaz:
Posibilidad de comunicación escrita y verbal.
Garantía de confidencialidad y anonimato del informante.
Designación de un responsable del Sistema Interno de Información y un sustituto.
Trazabilidad y archivo seguro de las comunicaciones.
Establecimiento de un plazo máximo de tres meses para gestionar las denuncias.
Registro de todas las denuncias recibidas y su seguimiento.
Accesibilidad para personas con discapacidad.
Protocolo de protección frente a represalias.
📋 El nombramiento del Responsable del Sistema Interno de Información debe comunicarse a la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI) en el plazo de 10 días hábiles desde su nombramiento.
Beneficios específicos para las entidades públicas
Más allá del cumplimiento normativo y minimizar el riesgo de sanciones económicas, el canal ético proporciona ventajas concretas para las entidades del sector público:
🔹 Ayuda a fortalecer la cultura ética y la integridad institucional.
🔹 Además, aporta sistemas de alerta temprana ante posibles irregularidades de forma interna o externa.
🔹 Permite investigaciones internas más ágiles y discretas, minimizando el riesgo de incumplimientos futuros y crisis corporativas.
🔹 Especialmente, reduce el riesgo de escándalos públicos o filtraciones mediáticas indeseadas que puedan perjudicar la imagen, reputación y el porvenir del negocio.
🔹 También, hay que considerar que la alineación de la entidad con estándares internacionales (ISO 37002, ISO 37301) mejora el cumplimiento, estandariza procesos, reduce la posibilidad de ser sancionada y orienta en una ética y cultura empresarial.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley 2/2023?
Es importante recordar que la AIPI, Autoridad Independiente de Protección al Informante, recientemente activada tras el nombramiento de su presidente, será el organismo encargado de supervisar, instruir y sancionar a aquellas entidades que no cumplan con sus obligaciones y, sin lugar de hecho, incidir en esta posibilidad no es cuestión de infundir el miedo, es resaltar la relevancia de la situación, ya que para muchas entidades, podría causar el cierre permanente o la bancarrota.
Profundicemos en las consecuencias de no cumplir con lo establecido en la Ley.
Se podrá exigir multas económicas de hasta 1 millón de euros.
Habrá responsabilidad disciplinaria de los gestores de dichas entidades, de forma económica o suspensión.
Se podrá manifestar de carácter público el tipo de sanción, aludiendo a un daño reputacional de gran envergadura que suponga una crisis en el negocio. De hecho, ya se conocen empresas que no han sabido establecer un protocolo de actuación frente a este tipo de crisis o, no han podido salir de ella.
Además, pueden sancionar con la exclusión de subvenciones o contratos públicos en aquellos casos que se consideren graves, por lo que limita la operatividad y futuro como negocio.
¿Cómo puede ayudarte ComplianceCMS?
En ComplianceCMS ofrecemos una solución integral, especializada y personalizada para entidades del sector público:
Implantación del canal conforme a la Ley 2/2023 y la norma ISO 37002.
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Acompañamiento legal y técnico desde la planificación hasta la auditoría.
Plataforma segura, confidencial, accesible, sencilla de usar y certificada.
Formación a responsables del sistema y órganos de control.
Soporte documental y jurídico ante posibles inspecciones de la AIPI.
- Gestión en la elaboración de documentación.
Las entidades públicas deben actuar con diligencia. El canal de denuncias no es una opción, es una obligación legal y un compromiso institucional con la transparencia. Con la activación de la AIPI, 2025 es el año en el que el cumplimiento deja de ser preventivo para convertirse en auditable, exigible y sancionable.
¿Está tu organización preparada?