El Juzgado Central de Instrucción nº6 ha procesado a 17 personas (empresarios, autoridades y funcionarios de la Administración Pública, etc.) relacionadas con el denominado cártel del fuego. Se trata de un conjunto de empresas que, presuntamente, se dedicó a la alteración de la contratación y adjudicación de contratos del sector público en el ámbito de la extinción de incendios.
En el año 2001, varias empresas nacionales del sector de la aviación -AVIALSA, FAASA, Trabajos Aéreos Extremeños, Grupo Ridao, Trabajos Aéreos Espejo, S.L., y CEGISA- fundaron el autodenominado Grupo 6. Los miembros de esta asociación, a través de diversos pactos y acuerdos, se repartieron presuntamente de forma fraudulenta el mercado de contratación pública de prestación de servicios de extinción de incendios por medios aéreos, mediante la adjudicación a cada empresa de una determinada zona geográfica del territorio nacional y de Portugal.
Asimismo, acordaron un reparto por estrictos turnos rotatorios de las aeronaves de las que eran propietarias (sólo podían utilizarlas en concursos si correspondía a su turno, y si no estaban disponibles en ese turno se compensaba económicamente a la empresa que había perdido la licitación).
De este modo, cuando se ofertara algún concurso público en este sector, únicamente la empresa que lo tuviese asignado podía presentarse al concurso, individualmente o por medio de UTES (unión temporal de empresas) formadas por varias empresas del grupo.
El lector se preguntará ¿como conseguían que se adjudicara a la empresa que ellos querían la licitación? En los escritos de acusación que relatan los hechos se mencionan diversas técnicas, todas ellas ilícitas: dejar desiertos los concursos (nadie se presentaba) para que la adjudicación se realizara mediante negociación sin publicidad por razones de urgencia -de este modo, además, se inflaba el precio de la licitación-, presentar ofertas mucho más bajas que el precio de oferta con el objetivo de dejar fuera a los competidores (posteriormente se compensaba económicamente a la empresa seleccionada por el resto del grupo).
En muchas ocasiones, tales artificios, presuntamente, se conseguían con la participación de autoridades y funcionarios públicos, mediante la entrega de regalos y donaciones a los mismos (cenas costosas, noches de hotel, cacerías, coches…): adjudicaban contratos sin declarar desierto el concurso, o a pesar de que la empresa no cumpliese las condiciones para contratar. Asimismo, conseguían la ampliación de los contratos mediante prórrogas injustificadas (con los beneficios económicos que lleva aparejado), que les satisficieran cantidades por servicios no justificados, así como evitar las sanciones por incumplimientos de las cláusulas contractuales.
De este modo, el grupo de empresas consiguió sacar a costa del erario público una cifra que, de acuerdo a la Fiscalía, alcanza los 151.585.386,22 millones de euros.
Las personas físicas -empresarios y funcionarios públicos-, han sido acusadas por los delitos de alteración de precios en concursos públicos, falsedad en documento mercantil, falsedad en documentos públicos, cohecho, prevaricación, malversación, delito de información privilegiada y asociación ilícita.
No todas las personas físicas que han sido acusadas participaron activamente en esta trama. Simplemente por el hecho de tener una actitud pasiva ante este tipo de hechos puedes verte involucrado en un proceso similar a este. Ser acusado de estos delitos puede conllevar consecuencias muy graves en tu ámbito personal, quedando señalado para siempre por unos hechos de los que no has sido partícipe. Para evitar estas situaciones: informa en el momento en que lleguen a tu conocimiento los hechos, a través del canal de denuncias (también denominado canal ético o canal de comunicación).
Las empresas (persona jurídica) también podrían responder civilmente por los hechos cometidos, debiendo indemnizar a los organismos públicos afectados (Ministerio de Medio Ambiente y Generalitat Valenciana). Asimismo, la Fiscalía solicita que se las inhabilite para contratar con el sector público por un plazo de hasta 15 años.
Recordemos, que en el momento de comisión de los hechos no estaba prevista la responsabilidad penal de la persona jurídica, por este motivo solo tienen responsabilidad civil. Sin embargo, si estos mismos hechos se hubiesen cometido en la actualidad, las empresas que formaron parte del Grupo 6 serían penalmente responsables, y podrían ser sancionadas con medidas como la clausura de locales, cese de actividades por un plazo de hasta cinco años, e incluso la disolución de la empresa.
El cartel del fuego es una mala praxis que no solo se da en el sector de la aviación, sino que también se manifiesta en otros sectores (transporte, alimentario, cosméticos, …).
Ya hay operadores del sector aéreo que han conseguido doble certificación de los sistemas de gestión de compliance penal (UNE 19601) y antisoborno (ISO 37001), por entidad acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).
Desde CMS podemos ayudar a tu organización a conseguir esta certificación, mediante la implantación de un Sistema de Gestión de Compliance Penal y un Sistema de Gestión Antisoborno adecuado y eficaz, y de este modo eximir o reducir la responsabilidad penal de tu organización ante la comisión de estos delitos y otros de los cuales puede ser merecedora de reproche penal la persona jurídica.
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